Gravar los dividendos: Si__No__

2016-11-02 | www.accounter.co

Uno, gravaría los dividendos correspondientes a reparto de utilidades causadas a partir de 2017; los dividendos correspondientes a repartos de utilidades causadas hasta diciembre de 2016 mantienen el actual régimen (ingreso no constitutivo, o dividendo gravado, según la sociedad haya liquidado y pagado impuesto sobre las utilidades).

Dos, el gravamen a los dividendos aplicaría solamente cuando el beneficiario del dividendo sea una persona natural (nacional o extranjera), o una sociedad o entidad extranjera. Los dividendos decretados a favor de socios o accionistas que sean sociedades nacionales serían considerados, en todo caso, ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional.

Tres, el impuesto sobre los dividendos se calcularía sobre dos capas: una, hasta el equivalente a la utilidad que haya liquidado y pagado impuesto en cabeza de la sociedad (que en términos de la actual legislación es el dividendo no
constitutivo de renta), que tendría una tributación progresiva que se mueve de cero a 10%. El exceso de utilidad, es decir, aquella porción que no hubiere pagado impuesto en sede de la sociedad, estaría sujeta a impuesto a la tarifa del 35%.

Cuatro, en términos generales, para la primera capa, para un accionista residente en Colombia, el dividendo se gravaría con tarifa cero si el monto recibido es hasta de $18 millones. Dividendos superiores a $18 millones e inferiores a $30 millones, quedarían sujetos a impuesto a la tarifa nominal del 5%. Dividendos superiores a
esta partida, quedarían sujetos a impuesto nominal del 10%.

Desde el punto de vista de tasa efectiva, un accionista nacional que reciba un dividendo de $34 millones en el año, tendría que pagar el 3%, al paso que quien recibiere $200 millones tendrá que pagar alrededor del 8,8%.

Cinco, ahora bien, en relación con utilidades que no hayan liquidado y pagado impuesto en cabeza de la sociedad (debido a beneficios no comunicables, como por ejemplo, rentas exentas, diferencias temporarias entre la base contable y fiscal), el accionista o socio que reciba el dividendo tendría que pagar el 35% de impuesto, sin consideración al monto del dividendo. Se observa en este caso, que no hay progresividad dado que la tarifa aplicable será, en todos los casos, del 35% sobre el valor de ese dividendo.
Pues bien, esbozada la propuesta gubernamental, nos queda señalar nuestra impresión sobre el tema.


¡NOSOTROS SOMOS PARTIDARIOS DEL NO!

La historia nacional en este tema ha tenido dos épocas diferenciadas: hasta el año 1986, los dividendos eran gravados en cabeza de los accionistas; en la Ley 75 de 1986, se dispuso la eliminación del impuesto a los dividendos, teniendo en cuenta tres pilares fundamentales: el fenómeno de la doble imposición económica, estímulo a la inversión y la simetría del sistema tributario en impueso de renta. Ciertamente, la utilidad que se obtiene por una sociedad es la misma utilidad con la que, después de impuestos, se paga el dividendo; de ahí que el impuesto que se cobre al accionista, es un doble impuesto sobre la misma utilidad, aunque en cabeza de un sujeto distinto. Es aquí donde juega papel importante el principio de simetría del sistema tributario, principio consistente en que el impuesto se cobra sí o sí en el perceptor de un ingreso, porque supone un ahorro en el generador del gasto. Es decir, lo que para uno es gasto, para el otro es ingreso; por ello, quien gasta ahorra impuesto, al paso que quien percibe, aumenta su impuesto. El sistema, al final, no pierde porque en todo caso, alguien genera renta y esa renta está sujeta al impuesto. Este principio, sagrado en el impuesto de renta, no está presente en los dividendos, como quiera que los
mismos no representan un gasto para la sociedad. Por ello, cuando el socio recibe el dividendo, si bien se califica dicha renta como de capital, está, verdaderamente, recibiendo la utilidad obtenida por la sociedad, como explotación del capital aportado por el inversionista, que ya ha sido tributada en sede de la sociedad.

Desde el punto de vista de técnica legislativa, las modificaciones a la legislación se fundan en la expresa necesidad de mejorar lo que no funciona bien (para citar un ejemplo, como es el caso del IMAN e IMAS), salvo, claro está, que lo que se quiera es aumentar o sustituir el recaudo sobre bases teóricas de progresividad. La Comisión de Expertos fundó su recomendación de gravar los dividendos porque “la exención que tienen los dividendos en cabeza de las personas y otros beneficios sobre los ingresos de capital benefician a quienes tienen más capacidad de tributar. El favorable tratamiento tributario de los dividendos es uno de losfactores que explica la reducida capacidad redistributiva del impuesto de renta”, aseveración no cierta porque los de mayor capacidad, pagarían impuesto de renta progresivo a la tarifa máxima del país, que a lo sumo es la misma tarifa que paga la sociedad sobre la utilidad. Si un inversionista decide no operar por medio de sociedad sino hacerlo de manera personal, finalmente, su impuesto máximo será el mismo que pagaría la sociedad. En este sentido, realmente, nuestro sistema actual de impuesto a las sociedades ha desfavorecido a los que menos tienen, porque al tributar en sede de la sociedad, sus utilidades han tributado siempre al 34% (39% 40% etc.), en lugar de hacerlo en forma progresiva.

Por lo anterior, no solo NO estamos de acuerdo en gravar los dividendos, sino que creemos que el sistema actual debería considerar el principio de progresividad y  capacidad contributiva real, para manejar un segmento de sociedades pequeñas y medianas, lo mismo que las sociedades unipersonales, cuyo régimen de tributación debería diferenciarse por tarifa. Al menos para este segmento empresarial, que es el de mayor generación de empleo en el país, debería disponerse un alivio a su renta y a sus dividendos, como existe en otros países (si es que de compararnos se trata).

Nos preocupa, eso sí, la fijación de una tarifa del 35%, como tarifa única, aplicable a los dividendos de la segunda capa, porque no respeta el principio de progresividad ordenado por la constitución. Queda así expuesta esta posible regla a una sentencia de inexequibilidad.